ADICAE denuncia que las nuevas medidas no evitarán que la banca siga con los desahucios

Desde la Asociación de usuarios de Bancos, Cajas y Seguros, Adicae, señalan que las nuevas medidas aprobadas por el Gobierno no evitarán que la banca siga ejecutando los embargos. En su opinión, la dación en pago y la paralización de los desahucios no es ninguna solución para el grave problema hipotecario que afecta a diez millones de familias en España, de las cuales, alrededor de un millón están en riesgo de ejecuciones y embargos hipotecarios que les llevarán a la pérdida de sus viviendas.
Adicae asegura que bancos y cajas han impuesto sus falsas soluciones humanitarias que sólo pretende paralizar cualquier reforma o solución seria.
Junto a esta noticia os incluyo también un análisis realizado por esta Asociación sobre las medidas adoptadas por el Gobierno para que saquéis vuestras propias conclusiones.
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ANÁLISIS DE LAS MEDIDAS ANUNCIADAS POR EL GOBIERNO DE PROTECCIÓN AL DEUDOR HIPOTECARIO
Equipo técnico de ADICAE, 15 de noviembre de 2012

PRIMERA.- La denominación “medidas urgentes de protección al deudor hipotecario” dada por el Gobierno a sus propuestas es completamente falsa. No se protege de verdad al “deudor hipotecario”, es decir a 10 millones de consumidores con hipoteca, sino a un colectivo muy minoritario que además debe cumplir unos requisitos estrictos y enrevesados cuya aceptación definitiva queda en manos de los propios bancos. Estas medidas deben además ser complementadas por otras de carácter económico y financiero, lo que hace más difícil su acceso para un afectado.  

SEGUNDA.- Éstas medidas sólo actúan cuando la banca ya se ha apropiado de la vivienda. Es decir, no hay ninguna paralización a los embargos, ninguna medida verdaderamente paliativa que permita renegociar con garantías la deuda o denunciar las condiciones abusivas del préstamo que eviten el inicio de este procedimiento. Sólo trata de demorar el desalojo de la vivienda de los afectados, pero la vivienda ya es propiedad del banco (o del “banco malo” si finalmente lo traspasa a éste). 

TERCERA.- Estas medidas no evitan la aplicación del actual procedimiento ejecutivo. Los consumidores en situaciones de riesgo de impago deben afrontar un procedimiento ejecutivo ilegal, como ha advertido Europa. A tenor de este hecho ADICAE denunciará esta situación por cada procedimiento ejecutivo que se inicie con la actual normativa procesal.

CUARTA.- No se ha dado una inmediata solución a los tipos de interés de demora en el procedimiento de ejecución hipotecaria. La referencia a una futura regulación que los limite hace prever que no se apliquen de manera retroactiva, por lo que el inicio de muchos procedimientos de embargo, o los ya en curso, seguirán aplicándose unos tipos que ya se sabe que son abusivos. Por tanto, se produce una situación de desequilibrio e inseguridad entre los consumidores. 

QUINTA.- El establecimiento de “límites a la compraventa de vivienda” anunciada como otra medida a a adoptar se establece para un marco económico de restricción del crédito y de probable abaratamiento paulatino del precio de la vivienda. Por tanto, no supone una medida de política legislativa de protección al consumidor, sino una mera consecuencia de la situación actual. 

SEXTA.- Las medidas anunciadas previstas para las tasadoras no contemplan la exigencia de responsabilidades por su actuación a la hora de valorar las viviendas de los consumidores. El Gobierno reconoce así que las tasadoras, dependientes de las entidades de crédito, han sido un factor clave a la hora de inflar el precio de la vivienda. Ahora, al enfrentarse a un procedimiento ejecutivo, el consumidor debe hacerse cargo de las consecuencias de esas tasaciones excesivas y afrontar el pago de una deuda valorada muy por encima de su precio real. Las medidas previstas no han tomado en consideración esta circunstancia de responsabilidad de las tasadoras para modular los actuales procedimientos ejecutivos en marcha. 

SÉPTIMA.- Muchas de las situaciones descritas- discapacidades, dependencia, etc.- muy previsiblemente no mejorarán con el transcurso de ese plazo de dos años por lo que la continuidad de los consumidores en la vivienda quedará al arbitrio del banco, ya propietario de la vivienda. 

OCTAVA.- Las propuestas no aclararon al menos los aspectos fundamentales del pretendido “Fondo Social de Viviendas”: a quién va dirigido y el precio de alquiler, que en todo caso debería ser adaptado y adecuado a las necesidades concretas de las personas que lo necesitan. Sólo se habló de “alquiler social reducido”. Si los consumidores que han perdido su vivienda carecen de recursos, difícilmente van a poder cumplir con el pago de un alquiler a un precio prefijado sin tener en cuenta las circunstancias puntuales y adaptadas del caso.

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